LA FEDERACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID DE APAS “Francisco Giner de los Ríos” constata el escandaloso fracaso de la puesta en marcha de la Formación Profesional Básica en la Comunidad de Madrid, fiasco que aumenta el cúmulo de despropósitos de los últimos años en materia educativa y que forma parte del caos absoluto que preside, una vez más, el inicio del vigente curso escolar.
La Federación Francisco Giner de los Ríos ha constatado que la puesta en marcha de la Formación Profesional Básica (FPB), al menos en la Comunidad de Madrid, es un auténtico despropósito. El número de alumnos apuntados para realizarla no llegan al número mínimo establecido por la Consejería para poner en marcha los grupos, salvo en algún ciclo, que se ha convertido en la excepción que confirma la regla, que no es otra que “la FPB no, gracias, que la hagan sus hijos Consejera”. Hay que recordar que, en la práctica, estas enseñanzas no van a permitir obtener el título de Educación Secundaria, aunque en teoría puedan hacerlo. Afortunadamente, la mayoría del alumnado con el que la Consejería contaba para lanzar la FPB continuará en grupos normalizados de Educación Secundaria, o seguirá en grupos de diversificación mientras que la aplicación de la LOMCE no acabe con ellos, algo que está previsto que ocurra en los próximos cursos.
La FAPA ya se manifestó en contra de la Formación Profesional Básica cuando se conoció la intención del Gobierno central de incluirla en la LOMCE y desmantelar los PCPI, así como dejó clara su postura en los votos particulares que presentó en el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid cuando se pasaron a dictamen las normas de desarrollo por las que, en nuestra Comunidad, se pone en marcha la FPB y veinte titulaciones básicas.
En este camino de despropósitos, cabe mencionar que el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó la normativa mencionada en su reunión del pasado jueves 11 de septiembre y la misma fue publicada en el BOCM este mismo lunes, entrando en vigor ayer, 16 de septiembre. Es más, las instrucciones sobre acceso y admisión a FPB, se firmaron el día 1, curiosamente antes de que existiera realmente dicha normativa, y se hicieron públicas el 2 de septiembre, para un plazo de solicitud que empezaba pocos días después. El fracaso estaba asegurado, nadie sabía hasta entonces a qué atenerse. Y ahora todo ello pone a la Consejería de Educación en una delicada situación que deseamos saber cómo va a resolver.
La FAPA ya se manifestó en contra de la Formación Profesional Básica cuando se conoció la intención del Gobierno central de incluirla en la LOMCE y desmantelar los PCPI, así como dejó clara su postura en los votos particulares que presentó en el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid cuando se pasaron a dictamen las normas de desarrollo por las que, en nuestra Comunidad, se pone en marcha la FPB y veinte titulaciones básicas.
En este camino de despropósitos, cabe mencionar que el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó la normativa mencionada en su reunión del pasado jueves 11 de septiembre y la misma fue publicada en el BOCM este mismo lunes, entrando en vigor ayer, 16 de septiembre. Es más, las instrucciones sobre acceso y admisión a FPB, se firmaron el día 1, curiosamente antes de que existiera realmente dicha normativa, y se hicieron públicas el 2 de septiembre, para un plazo de solicitud que empezaba pocos días después. El fracaso estaba asegurado, nadie sabía hasta entonces a qué atenerse. Y ahora todo ello pone a la Consejería de Educación en una delicada situación que deseamos saber cómo va a resolver.
Por otra parte, también debemos tener en cuenta el trasvase de unidades que está realizando la Consejería desde los centros públicos a los privados, ya que debemos resaltar que la implantación de la FPB supone en este momento, en la Comunidad de Madrid, la disminución radical del número de unidades, antes de PCPI, en los centros públicos, donde se han perdido 50 unidades o lo que es lo mismo la cuarta parte de la oferta, y el aumento en los centros concertados, que ha aumentado en 20 unidades o lo que también significa un aumento en la misma proporción, lo que indica una decidida política de privatización de la enseñanza, aprovechando el cambio legislativo para potenciar la red privada. Con el cambio de modelo y las actuaciones ligadas a ello, se ha pasado de un 70% de oferta pública y de un 30% de oferta privada, a un 60 y 40 % respectivamente.
Por tanto, la ausencia de alumnado para poner en marcha la FPB en la Comunidad de Madrid parece ser la consecuencia de dos cosas: el despropósito legislativo derivado de un irresponsable calendario de aplicación de la LOMCE a lo que se suma la incapacidad de la Consejería de Educación para gobernar adecuadamente la educación madrileña; y el rechazo social que la FPB despierta en el alumnado, las familias y el sector docente.
Y es que es muy poco conveniente gobernar de espaldas a la ciudadanía y menos aún hacerlo contra ella, algo que sucede constantemente en nuestra Comunidad. Es evidente que, con el resultado obtenido, reiterar que la FPB no debe ser puesta en marcha no es una reivindicación carente de sentido.
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